| 13-05-2025 | Formosa | ... |
: EL GOBIERNO NACIONAL SUSPENDIO LAS AUDITORIAS A LAS PENSIONES POR INVALIDEZ LABORAL EN TODO EL PAIS
-No obstante, lo cual, y teniendo en cuenta que miles de citaciones ya han sido concretadas, se sugirió a los beneficiarios, concurrir a los lugares correspondientes, munidos de todos los antecedentes médicos que obren en su poder-
Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se solicitó de manera urgente al actual Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, “informe detalladamente los alcances de la Resolución Nº 1172/25 publicada en el día de la fecha en el Boletín Oficial y que deroga la Resolución Nº 187/25, la cual fue emitida con el objetivo de auditar a más de 1 millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral y con esta nueva medida -el Gobierno Nacional de Javier Milei dispuso suspender temporalmente las auditorias que venían realizándose en todo el país, luego que se determinara que una serie de procedimientos establecidos por la ANDIS, no solamente no eran claros, sino que además, carecían de una base sólida para garantizar la equidad de los beneficiarios-”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, había advertido sobre esta situación, donde se continúan con irregularidades graves en lo relacionado a las notificaciones, lugares donde deben comparecer los beneficiarios, plazos reducidos y caprichosos que no permiten a la gente poder presentar en tiempo y forma los estudios y antecedentes para probar sus diversas discapacidades, imposibilidades de acreditar inasistencias, a lo que se le suman los obstáculos para enviar los antecedentes digitalmente a cada una de las personas, toda vez que los trámites son personales y los sistemas de la ANDIS se encuentran totalmente saturados, encontrándonos también con el problema de la implementación de un baremo de evaluación médica, que no solo carecía de rigor técnico, sino que tampoco garantizaba equidad a los beneficiarios, por lo cual, la ANDIS deberá redefinir los criterios a aplicarse de ahora en adelante con un mayor sustento legal y médico, para evitar decisiones injustas o arbitrarias. El Funcionario Provincial, no obstante, aclaró que, esto seguramente no implicará que las personas continúen siendo citadas, por lo que, sugirió que al recibir las cartas documentos, concurran a los lugares indicados y cumplan de esta manera con las intimaciones del Gobierno Nacional, pudiendo concurrir por la Sede de la Institución para ser debidamente asesorados en lo que respecta a los trámites legales. Por último, añadió que, seguiremos sosteniendo que deben hacer más esfuerzos para mejorar la transparencia al otorgar estos beneficios, como así también, establecer plazos razonables y que puedan ser cumplidos por los beneficiarios, de manera que estos últimos presenten los antecedentes médicos correspondientes, sin que ello implique poner en graves tensiones al sector público de la salud de cada provincia, que es lo que viene sucediendo actualmente, pues los citados, no tienen la capacidad económica necesaria para pagar costosos estudios médicos en el sector privado y ello produce lamentablemente el vencimiento de plazos, lo que acarrea inevitablemente, primera la suspensión del beneficio y luego su quita definitiva.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se solicitó de manera urgente al actual Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, “informe detalladamente los alcances de la Resolución Nº 1172/25 publicada en el día de la fecha en el Boletín Oficial y que deroga la Resolución Nº 187/25, la cual fue emitida con el objetivo de auditar a más de 1 millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral y con esta nueva medida -el Gobierno Nacional de Javier Milei dispuso suspender temporalmente las auditorias que venían realizándose en todo el país, luego que se determinara que una serie de procedimientos establecidos por la ANDIS, no solamente no eran claros, sino que además, carecían de una base sólida para garantizar la equidad de los beneficiarios-”. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, había advertido sobre esta situación, donde se continúan con irregularidades graves en lo relacionado a las notificaciones, lugares donde deben comparecer los beneficiarios, plazos reducidos y caprichosos que no permiten a la gente poder presentar en tiempo y forma los estudios y antecedentes para probar sus diversas discapacidades, imposibilidades de acreditar inasistencias, a lo que se le suman los obstáculos para enviar los antecedentes digitalmente a cada una de las personas, toda vez que los trámites son personales y los sistemas de la ANDIS se encuentran totalmente saturados, encontrándonos también con el problema de la implementación de un baremo de evaluación médica, que no solo carecía de rigor técnico, sino que tampoco garantizaba equidad a los beneficiarios, por lo cual, la ANDIS deberá redefinir los criterios a aplicarse de ahora en adelante con un mayor sustento legal y médico, para evitar decisiones injustas o arbitrarias. El Funcionario Provincial, no obstante, aclaró que, esto seguramente no implicará que las personas continúen siendo citadas, por lo que, sugirió que al recibir las cartas documentos, concurran a los lugares indicados y cumplan de esta manera con las intimaciones del Gobierno Nacional, pudiendo concurrir por la Sede de la Institución para ser debidamente asesorados en lo que respecta a los trámites legales. Por último, añadió que, seguiremos sosteniendo que deben hacer más esfuerzos para mejorar la transparencia al otorgar estos beneficios, como así también, establecer plazos razonables y que puedan ser cumplidos por los beneficiarios, de manera que estos últimos presenten los antecedentes médicos correspondientes, sin que ello implique poner en graves tensiones al sector público de la salud de cada provincia, que es lo que viene sucediendo actualmente, pues los citados, no tienen la capacidad económica necesaria para pagar costosos estudios médicos en el sector privado y ello produce lamentablemente el vencimiento de plazos, lo que acarrea inevitablemente, primera la suspensión del beneficio y luego su quita definitiva.
