20-08-2025  |  Formosa

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:  LA JUSTICIA FEDERAL ORDENÓ A LA ANDIS A QUE EN EL PLAZO DE 24 HORAS, DEJE SIN EFECTO LAS MEDIDAS DE RETENCIÓN Y/O SUSPENSIÓN DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR INVALIDEZ LABORAL

Las graves afectaciones que vienen sufriendo los derechos de las personas con discapacidad en los últimos tiempos, provocadas por políticas degradantes del Gobierno Nacional de Javier Milei y por la ausencia de medidas de protección, respeto y empatía hacia este y otros colectivos altamente vulnerables, concretadas en la práctica por el dictado del Decreto Nº 843/24 bajo el argumento de que los Decretos 7/23 y 566/23, habrían excedido las facultades concedidas por la Ley Nº 13.478, generándose un supuesto indebido empleo de los recursos públicos, se restablecieron los criterios de la reglamentación del año 1.997 y se exige para el otorgamiento de los beneficios un 66% de incapacidad más CMO (Certificado Médico Obligatorio). A esto se le suma, la Resolución Nº 187/25 por la cual se aprobó un Baremo para la evaluación del grado de invalidez, el cual fue derogado por la Resolución Nº 1.172/25 ya que se había utilizado una terminología estigmatizantes (como "idiota", "imbécil" y "débil mental" para clasificar discapacidades), llegándose, al Edicto Nº 19.437/25 publicado en el B.O. por la ANDIS donde se comunicó la implementación del proceso de Auditoría de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Es aquí donde se inician y prosiguen hasta la fecha una serie de irregularidades en todo el proceso que incluye: notificaciones deficientes, redacción de las mismas en forma inintelegibles, traslados físicos de beneficiarios a lugares alejados de sus domicilios reales, plazos exiguos para la presentación de historias clínicas o documentación que avalen las discapacidades, esperas prolongadas, exigencias presenciales para personas electrodependientes y/o con discapacidades graves, generando serias quejas por procedimientos inhumanos y excluyentes, trato con desidia e incluso maltrato, motivos por los cuales la Asociación Civil “Camino Azul – TEA Formosa” que preside la Sra. Santa Cruz, Florencia Nahir, junto a un número importante de personas a quienes se les suspendieron sin motivo alguno, sus beneficios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y acompañados por el Defensor del Pueblo de la Provincia, “en representación del colectivo de beneficiarios dentro de nuestro territorio”, se presentó ante el Juzgado Federal Nº 2 a cargo de la Dra. María Belén López Macé, Secretaría de la Dra. María Lucrecia Gallardo, una Acción de Amparo, contra el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad, a fin de ordenar la adecuación del proceso de auditorías, ajustándolo a los parámetros de la Constitución Nacional, las leyes nacionales dictadas en la materia y los Tratados Internacionales suscriptos en los términos del Art. 75 inc. 22 de la C.N. a favor de los derechos de las personas con discapacidad en la Argentina, más, una Declaración de Inconstitucionalidad del Decreto Nº 843/24 conforme lo habilite el Art. 43 de la C.N. y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, por ser las normas dictadas por el Gobierno Nacional, “abiertamente contrarias y violatorias de la Constitución Nacional y leyes vigentes que garantizan los derechos de las personas con discapacidad”. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que por otra parte se impulsó una -Medida Cautelar de Innovar- solicitando se deje sin efecto de manera inmediata las retenciones o suspensiones de las pensiones en todo el territorio de nuestra provincia, sumado a que la titular de la oficina local de ANSES, Patricia Arias, reconoció que hay centenares de beneficiarios que no saben cómo llevar adelante el trámite y confirmó que espera una ola de “bajas masivas”; obteniéndose una Sentencia Interlocutoria que dispone: 1º). HACER LUGAR a la MEDIDA CAUTELAR solicitada por Santa Cruz, Florencia Nahir, en su carácter de PRESIDENTE DE LA "ASOCIACION CIVIL CAMINO AZUL-TEA FORMOSA", Torrez, Ramona, Benítez, Griselda Roxana, Torres, Rector Faustino, Rodríguez, Pablo Ramón, Velazquez, Jorge Damián, Riveros, Santa De La Cruz, Céspedes, Carmelo Ariel, Estigarribia, Néstor Fabián, Agüero, Mercedes Antonella, Saltos, Víctor Roberto, Orquera, Luis; y el Dr. José Leonardo Gialluca en su carácter de Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, y en consecuencia ORDENAR al Estado Nacional y/o la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a que en el plazo de VEINTICUATRO (24) HORAS deje sin efecto la medida de retención y/o suspensión de las pensiones no contributivas por incapacidad laboral dispuestas en todo el territorio de la Provincia de Formosa, liberando los fondos depositados en las entidades bancarias que se encuentran retenidos en las cuentas de los beneficiarios. 2º) Dicha medida se dicta por el plazo de TRES (3) meses, a los fines de otorgar a los amparistas, y a todas las personas comprendidas dentro del colectivo representado en esta causa por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, la posibilidad de regularizar la situación administrativa que corresponda de manera particular, y/o en su caso efectuar las presentaciones judiciales de manera individual a los fines de su correcto análisis y resolución. Gialluca afirmó que, se debe terminar de una vez por todas, por parte del Gobierno Nacional con la crueldad disfrazada de equilibrio fiscal como argumento, toda vez que, fondos existen pero para los sectores que el Estado Nacional busca beneficiar, y por ello vamos a continuar trabajando con todas las Áreas del Gobierno Provincial, para desterrar que se reimplante un lenguaje degradante para clasificar discapacidades, evitar el desmantelamiento de la capacidad operativa de ANDIS y despedir personal técnico, no permitiendo colocar al frente de la agencia a personas sin formación adecuada, oponiéndonos a la desregulación de las prestaciones y dejar sin actualización aranceles cruciales, todo lo que implica una insensibilidad institucional, nunca vivida en la Argentina y que debe ser combatida mediante la Justicia y con el acompañamiento del Congreso Nacional.