| 16-04-2026 | Formosa | ... |
: DEFENSORES DEL PUEBLO DE TODO EL PAIS EXHORTARON AL PAMI A REGULARIZAR LOS PAGOS ADEUDADOS A PRESTADORES, GARANTIZAR TRATAMIENTOS Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS
-Denuncian un proceso de vaciamiento del Organismo que afecta directamente la atención de jubilados y pensionados en todo el país, señalándose que en el inicio de la gestión de Javier Milei, el PAMI contaba con un superávit de $ 254.000 millones, mientras que el Fondo de Garantía Prestacional disponía de $ 217.000 millones, sin que existan deudas con prestadores y se sostenía la entrega gratuita de vacunas, medicamentos e insumos esenciales, “esto, no existe a la fecha, proliferando las denuncias y sospechas de negociados a partir de licitaciones que benefician a determinados grupos empresarios”
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, en su carácter de Vicepresidente de la Asociación de Defensoras/es del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que nuclea a las Defensorías del Pueblo Provinciales, Municipales y Especializadas del País, informó que, luego de un relevamiento a nivel nacional, se pudo determinar que el PAMI no está garantizando actualmente el derecho a la salud de jubilados y pensionados, observándose: * Demoras en autorizaciones de prácticas y tratamientos. * Falta de acceso a la provisión de medicamentos e insumos. * Discontinuidades en prestaciones de salud y rehabilitación, asociadas a condiciones de retribución irrisorias, que afectan la sostenibilidad de la red prestacional. * Problemas en la asignación y funcionamiento del sistema de médicos de cabecera. * Inconvenientes en la relación con prestadores de servicios de salud vinculados a condiciones de contratación y pago. * Deudas millonarias del Gobierno Nacional con los prestadores de salud en todo el país. El Funcionario Provincial agregó que, “la implementación de la RESOL-2026-1107-INSSJP-DE, que unifica el nomenclador y concentra la retribución de los médicos de cabecera en el pago per cápita, ha generado un recorte efectivo de ingresos superior al 50% para los profesionales, quienes han declarado un paro nacional y advierten que de no revertirse la medida abandonarán la cartilla”. A ello, se suma una deuda millonaria con prestadores de medicina, odontología, óptica y farmacia que en algunas jurisdicciones acumula más de seis meses de atraso, poniendo en riesgo la continuidad de la red prestacional en todo el territorio nacional. El origen de esta situación se encuentra en decisiones adoptadas en la conducción actual del INSSJP-PAMI que evidencian falta de previsibilidad, dificultades de implementación e inconsistencias que comprometen el acceso a prestaciones esenciales y generan incertidumbre tanto para los prestadores como para las personas afiliadas. En este contexto, ADPRA exhortó que las autoridades competentes adopten, con carácter urgente, medidas orientadas a: * Regularizar los pagos adeudados a prestadores en todo el territorio nacional; * Derogar o Revisar la RESOL-2026-1107-INSSJP-DE en diálogo con los representantes de los profesionales de la salud; * Garantizar la continuidad de tratamientos, medicamentos, insumos y rehabilitación en todo el territorio nacional; * Restablecer previsibilidad y transparencia en el financiamiento, la contratación y la autorización de prestaciones; * Asegurar una retribución justa, real y oportuna a los prestadores que garantice la sostenibilidad de la red de atención; * Garantizar canales de atención personalizada para afiliados, sin limitarse a vías digitales que excluyen a quienes no tienen acceso; * Promover la articulación entre el nivel nacional y las jurisdicciones locales para el funcionamiento efectivo del sistema. Asimismo, advirtieron que, la persistencia de esta situación configura una vulneración concreta y actual de derechos constitucionales de los adultos mayores, por lo que resulta impostergable la adopción de medidas urgentes, coordinadas y sostenidas que permitan revertir el escenario actual y garantizar condiciones dignas de atención.
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, en su carácter de Vicepresidente de la Asociación de Defensoras/es del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que nuclea a las Defensorías del Pueblo Provinciales, Municipales y Especializadas del País, informó que, luego de un relevamiento a nivel nacional, se pudo determinar que el PAMI no está garantizando actualmente el derecho a la salud de jubilados y pensionados, observándose: * Demoras en autorizaciones de prácticas y tratamientos. * Falta de acceso a la provisión de medicamentos e insumos. * Discontinuidades en prestaciones de salud y rehabilitación, asociadas a condiciones de retribución irrisorias, que afectan la sostenibilidad de la red prestacional. * Problemas en la asignación y funcionamiento del sistema de médicos de cabecera. * Inconvenientes en la relación con prestadores de servicios de salud vinculados a condiciones de contratación y pago. * Deudas millonarias del Gobierno Nacional con los prestadores de salud en todo el país. El Funcionario Provincial agregó que, “la implementación de la RESOL-2026-1107-INSSJP-DE, que unifica el nomenclador y concentra la retribución de los médicos de cabecera en el pago per cápita, ha generado un recorte efectivo de ingresos superior al 50% para los profesionales, quienes han declarado un paro nacional y advierten que de no revertirse la medida abandonarán la cartilla”. A ello, se suma una deuda millonaria con prestadores de medicina, odontología, óptica y farmacia que en algunas jurisdicciones acumula más de seis meses de atraso, poniendo en riesgo la continuidad de la red prestacional en todo el territorio nacional. El origen de esta situación se encuentra en decisiones adoptadas en la conducción actual del INSSJP-PAMI que evidencian falta de previsibilidad, dificultades de implementación e inconsistencias que comprometen el acceso a prestaciones esenciales y generan incertidumbre tanto para los prestadores como para las personas afiliadas. En este contexto, ADPRA exhortó que las autoridades competentes adopten, con carácter urgente, medidas orientadas a: * Regularizar los pagos adeudados a prestadores en todo el territorio nacional; * Derogar o Revisar la RESOL-2026-1107-INSSJP-DE en diálogo con los representantes de los profesionales de la salud; * Garantizar la continuidad de tratamientos, medicamentos, insumos y rehabilitación en todo el territorio nacional; * Restablecer previsibilidad y transparencia en el financiamiento, la contratación y la autorización de prestaciones; * Asegurar una retribución justa, real y oportuna a los prestadores que garantice la sostenibilidad de la red de atención; * Garantizar canales de atención personalizada para afiliados, sin limitarse a vías digitales que excluyen a quienes no tienen acceso; * Promover la articulación entre el nivel nacional y las jurisdicciones locales para el funcionamiento efectivo del sistema. Asimismo, advirtieron que, la persistencia de esta situación configura una vulneración concreta y actual de derechos constitucionales de los adultos mayores, por lo que resulta impostergable la adopción de medidas urgentes, coordinadas y sostenidas que permitan revertir el escenario actual y garantizar condiciones dignas de atención.
