| 17-07-2026 | Formosa | ... |
: DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO NACIONAL NO ENVÍA FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS RUTAS NACIONALES Y APUESTA A QUE EL SECTOR PRIVADO SE HAGA CARGO DE LAS MISMAS
- Se requirió a la Presidente del Senado y a la Comisión Unicameral de Presupuesto y Hacienda que el ?Expediente 528/26, por el cual se exigen informes detallados al PEN sobre la recaudación, asignación específica y ejecución física de los fondos del ICL, sea tratado rápidamente.-
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, dio a conocer el descargo efectuado por el Jefe del Distrito 22 Formosa de Vialidad Nacional Víctor Ramón Padilla, al habérselo instado a que informe las gestiones concretadas para obtener los fondos y recursos necesarios para el mantenimiento y reparación de las rutas nacionales que surcan nuestro territorio. El funcionario nacional, “señaló que ha efectuado en forma permanente los correspondientes requerimientos a la Administración General de la Dirección Nacional de Vialidad, poniendo en su conocimiento las necesidades de recursos, insumos y contrataciones necesarias para atender las tareas de conservación y mantenimiento de la red vial nacional bajo su competencia”, el mismo señala que todos ellos tramitan actualmente procesos de -Contrataciones Centralizadas- promovidas por el Gobierno Nacional instrumentadas mediante el Decreto Nº 1030/2016 y de esta forma se busca adquirir mezcla asfáltica para aplicación en frío, materiales para bacheo en caliente, servicio de corte de pasto y desbosque, resaltando que en ese contexto el cumplimiento y materialización de las Contrataciones dependen del Estado Nacional, razón por la cual la ejecución de las obras necesarias y urgentes en Formosa, quedan sujetas al desarrollo de las mismas. El Ombudsman Provincial denunció que la política pública de paralización total de obras estratégicas y la pretensión de que las mismas en el caso de las rutas nacionales, sean concretadas por empresas solamente privadas, se traduce en una grave situación donde la desinversión de vialidad nacional lesiona de forma severa la seguridad vial tanto para usuarios habituales como también para el sector del transporte de cargas, “toda vez que la legislación vigente determina que un 60% de los recursos coparticipables viales deben transferirse de forma directa a las Direcciones de Vialidad de todas las provincias”, sin que se sume la retención y desvío de fondos específicos fijados por la ley 23.966 relacionada a la recaudación total del impuesto a los combustibles líquidos que deben transferirse en forma automática al fideicomiso destinado a la infraestructura del transporte terrestre de toda la Argentina. Este colapso inducido, vaciamiento y desvío de fondos impiden el mantenimiento de las rutas nacionales convirtiendo las mismas en caminos intransitables, comprometiendo la comunicación terrestre en todo nuestro territorio y colocando en peligro la vida de quienes la transitan. Al mismo tiempo al interrumpirse los flujos financieros legales, los Estados Provinciales quedan desprovistos de capital para sostener las rutas complementarias que enlazan con el sistema troncal de nación, por lo que Vialidad Provincial se encarga en la actualidad de los diversos reclamos, con recursos propios y fondos del Estado Local, hasta tanto la Justicia Federal y/o el Congreso de la Nación deslinden las responsabilidades en materia de inversiones en la infraestructura vial argentina.
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, dio a conocer el descargo efectuado por el Jefe del Distrito 22 Formosa de Vialidad Nacional Víctor Ramón Padilla, al habérselo instado a que informe las gestiones concretadas para obtener los fondos y recursos necesarios para el mantenimiento y reparación de las rutas nacionales que surcan nuestro territorio. El funcionario nacional, “señaló que ha efectuado en forma permanente los correspondientes requerimientos a la Administración General de la Dirección Nacional de Vialidad, poniendo en su conocimiento las necesidades de recursos, insumos y contrataciones necesarias para atender las tareas de conservación y mantenimiento de la red vial nacional bajo su competencia”, el mismo señala que todos ellos tramitan actualmente procesos de -Contrataciones Centralizadas- promovidas por el Gobierno Nacional instrumentadas mediante el Decreto Nº 1030/2016 y de esta forma se busca adquirir mezcla asfáltica para aplicación en frío, materiales para bacheo en caliente, servicio de corte de pasto y desbosque, resaltando que en ese contexto el cumplimiento y materialización de las Contrataciones dependen del Estado Nacional, razón por la cual la ejecución de las obras necesarias y urgentes en Formosa, quedan sujetas al desarrollo de las mismas. El Ombudsman Provincial denunció que la política pública de paralización total de obras estratégicas y la pretensión de que las mismas en el caso de las rutas nacionales, sean concretadas por empresas solamente privadas, se traduce en una grave situación donde la desinversión de vialidad nacional lesiona de forma severa la seguridad vial tanto para usuarios habituales como también para el sector del transporte de cargas, “toda vez que la legislación vigente determina que un 60% de los recursos coparticipables viales deben transferirse de forma directa a las Direcciones de Vialidad de todas las provincias”, sin que se sume la retención y desvío de fondos específicos fijados por la ley 23.966 relacionada a la recaudación total del impuesto a los combustibles líquidos que deben transferirse en forma automática al fideicomiso destinado a la infraestructura del transporte terrestre de toda la Argentina. Este colapso inducido, vaciamiento y desvío de fondos impiden el mantenimiento de las rutas nacionales convirtiendo las mismas en caminos intransitables, comprometiendo la comunicación terrestre en todo nuestro territorio y colocando en peligro la vida de quienes la transitan. Al mismo tiempo al interrumpirse los flujos financieros legales, los Estados Provinciales quedan desprovistos de capital para sostener las rutas complementarias que enlazan con el sistema troncal de nación, por lo que Vialidad Provincial se encarga en la actualidad de los diversos reclamos, con recursos propios y fondos del Estado Local, hasta tanto la Justicia Federal y/o el Congreso de la Nación deslinden las responsabilidades en materia de inversiones en la infraestructura vial argentina.
