| 27-08-2026 | Formosa | ... |
: ARGENTINA TIENE LA MOROSIDAD MÁS ALTA DE AMERICA LATINA Y EL CRÉDITO MÁS BAJO
-Gialluca criticó duramente al BCRA por ampliarles los canales de cobranza a los bancos sobre los fondos de las billeteras virtuales, como así también, poner en riesgo la quiebra del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), dinero de los jubilados que se dará a los bancos para que un seleccionado sector de la sociedad acceda a créditos hipotecarios-
Señalaron desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa que, la Argentina encabeza el ranking de morosidad en América Latina, registrando un 7,3% de su cartera en situación irregular, lo que duplica el promedio general regional del 2,78%, según un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), donde nuestro país se encuentra representado por el Lic. Juan Miguel Cuattromo, Presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina – ABAPPRA. Se remarcó que la Argentina presenta el indicador de crédito sobre el PBI más bajo de la región, situándose en un escaso 14,3% frente a un promedio latinoamericano del 47,3%, de esta manera, el crédito en el país es casi tres veces menor que en la región a pesar de tener el índice de deuda más elevado. A nivel regional, la tendencia de la morosidad es alcista en general, ya que la cartera vencida en América Latina creció un 10% respecto a diciembre de 2025 y cerró en marzo de 2026 rozando los US$ 104.621 millones. Sin embargo, la grieta argentina se hace incuestionable al comparar el 7,3% de morosidad con los países con indicadores más bajos de la tabla, como Uruguay (1,7%), El Salvador (1,4%) o República Dominicana (1,1%), y con los que completan el podio de mayor irregularidad regional junto al país, como Brasil (4,3%) y Colombia (3,7%). Este escenario de alta morosidad convive además con niveles de cobertura raramente bajos para disminuir posibles pérdidas. Según el reporte de Felaban, la Argentina es uno de los pocos países en la región, junto con Panamá, cuyos bancos tienen un indicador de cobertura inferior al 100%, ubicándose en un 84%, muy lejos de países como República Dominicana (316%), Uruguay (226%) o Ecuador (210%). De los préstamos en situación irregular en el país, que totalizan 14 billones de pesos, el sistema bancario tradicional concentra casi las dos terceras partes, mientras que el tercio restante corresponde a las fintech y otros proveedores no bancarios, como cooperativas o tarjetas de cadenas de supermercados y electrodomésticos. El endeudamiento de las familias argentinas alcanza niveles históricos, más de 20 millones de personas registran deudas, y la tasa de morosidad -quienes no pueden pagar a término- afecta a más del 27% de los deudores. A diferencia de otras épocas donde el crédito se tomaba para comprar bienes durables, como un auto o una propiedad o planificar el futuro, el fenómeno actual se caracteriza por "endeudarse para sobrevivir”. En este contexto, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, por un lado, el BCRA permite que los bancos puedan cobrarse desde las billeteras virtuales, “facilitándole a las entidades financieras la implementación de una cobranza extrajudicial que se transforma en una ejecución privada del patrimonio, desplazando a la Justicia y dejando al consumidor endeudado en una posición de absoluto desamparo”; por el otro, el Gobierno Nacional a través de su Ministro de Economía Luis Caputo, lanza un programa de créditos hipotecarios, presentándolo como una medida de “Justicia Social”, a la cual, el Presidente Milei señala que la misma es “una cuestión de ladrones”, es “una aberración”, por el cual, la ANSES pone dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a plazo fijo en bancos para que se le preste a familias con ingresos de $ 3.500.000 mensuales, lo que se contradice el último dato oficial del INDEC según el cual, el ingreso promedio de todos los asalariados en argentina es de $ 1.068.540 mensuales, excluyendo a los jubilados que se encuentran en un estado de indigencia. Señaló el Ombudsman, que la ingeniería financiera implementada por las autoridades no contempla mecanismos para que el haber mínimo o medio pueda ingresar en las evaluaciones de riesgo requeridas para un préstamo hipotecario. Advirtiendo que el ahorro acumulado en la Anses debe tener como prioridad ineludible “garantizar la sustentabilidad de las prestaciones, la recomposición de los haberes caídos y el pago de la abultada deuda acumulada con los beneficiarios”, muchos de los cuales enfrentan juicios de reajuste pendientes de resolución desde hace años. En lugar de utilizar los recursos para saldar la enorme deuda histórica con los jubilados que trabajaron y aportaron durante toda su vida, el Estado decide desvirtuar la naturaleza de la masa previsional y aplicarla a otros fines. En este contexto, se solicitó al Director Ejecutivo de la ANSES, Lic. Guillermo Héctor Arancibia, adopte las medidas necesarias para preservar el patrimonio de los jubilados, que está obligado por ley a resguardar, dado que esos activos están para garantizar la sustentabilidad del sistema jubilatorio ante contingencias económicas y a la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social que preside Bruno Olivera Lucero Senador Sanjuanino por La Libertad Avanza, la cual debe revisar periódicamente los informes de gestión y el estado del FGS, con la finalidad de que los jubilados no terminen financiando con sus recursos las soluciones habitaciones de otros sectores, mientras los mismos no pueden cubrir los costos de sus medicamentos, no llegan a fin de mes para alquilar un techo digno, ni cuentan con ninguna línea de asistencia económica, lo que evidentemente profundizará la quiebra de la solidaridad intergeneracional sobre la que debe apoyarse el Sistema Previsional Argentino.
Señalaron desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa que, la Argentina encabeza el ranking de morosidad en América Latina, registrando un 7,3% de su cartera en situación irregular, lo que duplica el promedio general regional del 2,78%, según un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), donde nuestro país se encuentra representado por el Lic. Juan Miguel Cuattromo, Presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina – ABAPPRA. Se remarcó que la Argentina presenta el indicador de crédito sobre el PBI más bajo de la región, situándose en un escaso 14,3% frente a un promedio latinoamericano del 47,3%, de esta manera, el crédito en el país es casi tres veces menor que en la región a pesar de tener el índice de deuda más elevado. A nivel regional, la tendencia de la morosidad es alcista en general, ya que la cartera vencida en América Latina creció un 10% respecto a diciembre de 2025 y cerró en marzo de 2026 rozando los US$ 104.621 millones. Sin embargo, la grieta argentina se hace incuestionable al comparar el 7,3% de morosidad con los países con indicadores más bajos de la tabla, como Uruguay (1,7%), El Salvador (1,4%) o República Dominicana (1,1%), y con los que completan el podio de mayor irregularidad regional junto al país, como Brasil (4,3%) y Colombia (3,7%). Este escenario de alta morosidad convive además con niveles de cobertura raramente bajos para disminuir posibles pérdidas. Según el reporte de Felaban, la Argentina es uno de los pocos países en la región, junto con Panamá, cuyos bancos tienen un indicador de cobertura inferior al 100%, ubicándose en un 84%, muy lejos de países como República Dominicana (316%), Uruguay (226%) o Ecuador (210%). De los préstamos en situación irregular en el país, que totalizan 14 billones de pesos, el sistema bancario tradicional concentra casi las dos terceras partes, mientras que el tercio restante corresponde a las fintech y otros proveedores no bancarios, como cooperativas o tarjetas de cadenas de supermercados y electrodomésticos. El endeudamiento de las familias argentinas alcanza niveles históricos, más de 20 millones de personas registran deudas, y la tasa de morosidad -quienes no pueden pagar a término- afecta a más del 27% de los deudores. A diferencia de otras épocas donde el crédito se tomaba para comprar bienes durables, como un auto o una propiedad o planificar el futuro, el fenómeno actual se caracteriza por "endeudarse para sobrevivir”. En este contexto, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, por un lado, el BCRA permite que los bancos puedan cobrarse desde las billeteras virtuales, “facilitándole a las entidades financieras la implementación de una cobranza extrajudicial que se transforma en una ejecución privada del patrimonio, desplazando a la Justicia y dejando al consumidor endeudado en una posición de absoluto desamparo”; por el otro, el Gobierno Nacional a través de su Ministro de Economía Luis Caputo, lanza un programa de créditos hipotecarios, presentándolo como una medida de “Justicia Social”, a la cual, el Presidente Milei señala que la misma es “una cuestión de ladrones”, es “una aberración”, por el cual, la ANSES pone dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a plazo fijo en bancos para que se le preste a familias con ingresos de $ 3.500.000 mensuales, lo que se contradice el último dato oficial del INDEC según el cual, el ingreso promedio de todos los asalariados en argentina es de $ 1.068.540 mensuales, excluyendo a los jubilados que se encuentran en un estado de indigencia. Señaló el Ombudsman, que la ingeniería financiera implementada por las autoridades no contempla mecanismos para que el haber mínimo o medio pueda ingresar en las evaluaciones de riesgo requeridas para un préstamo hipotecario. Advirtiendo que el ahorro acumulado en la Anses debe tener como prioridad ineludible “garantizar la sustentabilidad de las prestaciones, la recomposición de los haberes caídos y el pago de la abultada deuda acumulada con los beneficiarios”, muchos de los cuales enfrentan juicios de reajuste pendientes de resolución desde hace años. En lugar de utilizar los recursos para saldar la enorme deuda histórica con los jubilados que trabajaron y aportaron durante toda su vida, el Estado decide desvirtuar la naturaleza de la masa previsional y aplicarla a otros fines. En este contexto, se solicitó al Director Ejecutivo de la ANSES, Lic. Guillermo Héctor Arancibia, adopte las medidas necesarias para preservar el patrimonio de los jubilados, que está obligado por ley a resguardar, dado que esos activos están para garantizar la sustentabilidad del sistema jubilatorio ante contingencias económicas y a la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social que preside Bruno Olivera Lucero Senador Sanjuanino por La Libertad Avanza, la cual debe revisar periódicamente los informes de gestión y el estado del FGS, con la finalidad de que los jubilados no terminen financiando con sus recursos las soluciones habitaciones de otros sectores, mientras los mismos no pueden cubrir los costos de sus medicamentos, no llegan a fin de mes para alquilar un techo digno, ni cuentan con ninguna línea de asistencia económica, lo que evidentemente profundizará la quiebra de la solidaridad intergeneracional sobre la que debe apoyarse el Sistema Previsional Argentino.
