| 15-09-2026 | Formosa | ... |
: SE DEMANDO AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y A VIALIDAD NACIONAL INDIQUEN IMPORTE DE LOS FONDOS, PARA CUMPLIR CON LA ORDEN JUDICIAL QUE EXIGE REPARAR RUTAS NACIONALES EN FORMOSA
La Fundación Padres Unidos por el Dolor de la provincia de Formosa (ONG), conformada por familiares de víctimas fatales de siniestros viales, cuya presidencia se encuentra a cargo de Alberto Daniel Gauna, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, denunciaron que Formosa sufrió un recorte del 77% en términos reales del gasto vial nacional entre 2023 y 2026. Este insensible desfinanciamiento impactó de manera directa en el mantenimiento ordinario, la parálisis de obras clave y la exclusión de la provincia en los planes federales de inversión. Si bien la problemática del estado de las rutas nacionales en Argentina viene de larga data y atravesó gestiones de distintos signos políticos, con más anuncios que respuestas de fondo, técnicos de vialidad advierten que bajo el gobierno de Javier Milei se llegó a un “récord histórico negativo”, con más del 70% de las rutas en estado malo o regular. En la Provincia de Formosa, las intervenciones financiadas por el Presupuesto Nacional bajo el Programa 48 (Subprograma 42: Obras de Seguridad en Distrito Formosa) se centran únicamente en tareas de mantenimiento de rutina y emergencia. En lo que respecta a obras para reducir la siniestralidad en las rutas nacionales, no se registró ni un solo peso devengado en los primeros cuatro meses del 2026. A esto se suma la reducción de personal de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que en diciembre de 2023 contaba con 5.540 trabajadores en todo el país y que, tras un brutal proceso de despidos y retiros voluntarios, ya lleva 1221 trabajadores calificados desvinculados, en el caso de nuestra provincia, para mantener 1.600 kms de rutas nacionales, el Distrito 22 de V.N. cuenta con solo 97 trabajadores. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, Formosa al haber quedado completamente excluida de las principales licitaciones y adjudicaciones de infraestructura clave impulsadas por el Gobierno Nacional durante 2026 y ante la retención y desvío de fondos correspondientes al porcentaje del Impuesto a los Combustibles Líquidos que por la Ley Nº 23.966, que deben asignarse específicamente al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la Red Vial Federal, se solicitaron sendos informes al Administrador General, Marcelo Jorge Campoy, como también al Secretario de Transporte Lic. Mariano Ignacio Plencovich y al Ministro de Economía, Luis Caputo, “con la finalidad de que en un plazo de 10 días, detallen montos y origen de los fondos y/o recursos necesarios para cumplir con la Orden Judicial dictada por el Juzgado Federal Nº 1 que ordenó dentro del plazo de 6 meses, se ejecuten las obras necesarias para reparar las Rutas Nacionales Nº 11, 81, 86 y 95, dado que no brindan la seguridad necesaria para los usuarios, configurándose una real amenaza para su seguridad vial y un claro riesgo para la vida de los usuarios que transitan las mismas”, toda vez que, el "Programa 48", técnicamente denominado "Obras de Seguridad en Rutas Nacionales" dentro de la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad (Entidad 604), maneja actualmente un presupuesto de $ 0 (cero pesos) en su crédito vigente, debido al fuerte ajuste fiscal en infraestructura vial. La demanda se fundó en que las Autoridades de Vialidad Nacional y del Ministerio de Economía tienen la obligación legal de conservar y mantener en condiciones de transitabilidad las rutas de formosa y la falta de reparación, mantenimiento de las mismas, especialmente cuando generan un riesgo o causan siniestros viales, la propia CSJN sostiene que el Estado Nacional es responsable por los daños causados por el deficiente mantenimiento de las rutas de su jurisdicción, fundamentado en el principio de "falta de servicio" (artículo 1764 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación), entre otros.
