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20-11-2026  |  Formosa ...

:  Casación confirmó condena por abuso sexual y fijó una postura contundente sobre el consentimiento de la víctima



El Superior Tribunal de Justicia de Formosa, en su rol de Tribunal de Casación, dejó firme la condena a siete años y seis meses de prisión contra el excabo primero de la Policía provincial Derlis Hernán Sanabria, al considerarlo autor del delito de abuso sexual con acceso carnal cometido contra una mujer mientras se encontraba de guardia en un destacamento del interior de la provincia.
El ataque sexual ocurrió la madrugada del 14 de marzo de 2021 en el Destacamento Policial de Costa Alegre, ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 86, en la localidad de Laguna Blanca.
Según quedó probado en la sentencia de la Cámara Primera en lo Criminal –ahora ratificada por el máximo tribunal–, alrededor de las tres de la mañana Sanabria abandonó sus tareas de servicio y sometió sexualmente a la víctima, contra su expresa voluntad, utilizando fuerza y violencia, y aprovechándose de la relación de confianza que ella tenía con el: eran primos, amigos y vecinos.
A lo largo de todo el proceso judicial nunca estuvo en discusión que hubo una relación sexual en el lugar, el día y la hora señalados. El propio Sanabria reconoció en el juicio oral haber mantenido relaciones con la mujer en la madrugada del 14 de marzo de 2021 en el destacamento de Costa Alegre.
El punto central del debate fue, entonces, determinar si esa relación fue libremente consentida por la víctima. Ella negó de manera terminante haber prestado su consentimiento, mientras que la Defensa del acusado intentó instalar la idea de un encuentro sexual voluntario y, más adelante, la hipótesis de un supuesto interés económico como móvil de la denuncia.
La sentencia de Casación recoge y refuerza el criterio ya fijado por la Cámara Primera: sin consentimiento inequívoco, libre y voluntario, no hay relación sexual, sino agresión sexual. “El consentimiento es una aceptación inequívoca y voluntaria para hacer una cosa o dejar que se haga. En el ámbito sexual, sólo sabremos si una persona consintió mantener una relación si aceptó en forma libre y voluntaria hacerlo. Sin consentimiento, inequívoco y voluntario, la actividad sexual se convierte en una agresión sexual”, subraya el fallo.
Y agrega que dicho consentimiento debe prestarse sin presiones, sin manipulaciones, sin engaños y sin mediar fuerza o violencia. Aun en el hipotético –y no probado– supuesto de que hubiese existido en el pasado algún vínculo afectivo entre víctima e imputado, nada la obligaba a aceptar una relación sexual que no deseaba en ese momento, máxime cuando se encontraba indispuesta, circunstancia que el expediente tiene por acreditada.

Pruebas y contexto de vulnerabilidad

Los jueces del Superior Tribunal repasaron minuciosamente la prueba producida en la investigación penal y en el debate oral. Destacaron, en primer lugar, la inmediatez con la que la víctima dio a conocer el hecho: apenas pudo regresar a su casa, relató lo sucedido a su madre y a su hermana, quienes luego declararon en el juicio y describieron el fuerte
estado de afectación emocional en el que se encontraba.
Ese mismo día fue sometida a un examen médico, cuyos resultados tuvieron un peso decisivo. Los profesionales constataron una escoriación lineal, longitudinal y eritematosa, con cavidad posterior, ubicada en el tercio superior de la cara lateral interna de la pierna izquierda, de aproximadamente seis centímetros. El informe la describió como una lesión contusa, compatible con la acción violenta de un elemento duro-elástico y de bordes romos, aplicada de forma perpendicular a la piel y con la fuerza necesaria para producir ese daño. La data de la lesión era menor a 24 horas, lo que la vinculó temporalmente con
el hecho denunciado.
A ello se sumaron las pericias psicológicas, que reflejaron de manera consistente el trauma y la victimización sexual, así como los informes socioambientales de los protagonistas.
El Tribunal de Casación hizo especial hincapié en el contexto: el abuso ocurrió en un destacamento policial ubicado en un descampado de una pequeña localidad del interior; el agresor era un funcionario de la fuerza de seguridad; existía una relación de parentesco y vecindad que generaba confianza previa y, a la vez, presiones familiares para que la mujer retirara la denuncia; y la víctima presentaba una vulnerabilidad “multidimensional”, ligada a su género, problemas de salud, clase social y situación económica.
En este entramado de factores, los jueces concluyeron que la relación sexual no fue consentida y que el acusado se valió de su superioridad física, de su rol institucional y del aislamiento del lugar para imponer el acto sexual mediante fuerza y violencia.

Credibilidad de la víctima

El Superior Tribunal retomó criterios ya sentados en un fallo anterior (“Sena, Raúl”, 2021) para abordar un problema que, según remarcó, persiste en la cultura judicial y social: el cuestionamiento sistemático a la palabra de las mujeres que denuncian agresiones sexuales.
Frente a la vieja pregunta –“¿hay que creerle a la víctima?”–, el Tribunal propone invertir el interrogante: “¿por qué no creerle?”, especialmente cuando su relato se sostiene de manera coherente y se ve corroborado por pruebas médicas, psicológicas y testimoniales independientes.
En este caso, los magistrados remarcaron la sucesión de instancias en las que la mujer debió revivir lo ocurrido: primero, al contarlo a su madre y a su hermana; luego, al acudir a la Comisaría de Buena Vista pocas horas después, donde denunció el abuso frente a dos oficiales varones, compañeros del imputado; posteriormente, durante el examen médico ginecológico; más tarde, al declarar en el Juzgado de Instrucción; después, ante una licenciada en Psicología; y, finalmente, ante el Tribunal de Juicio, en el debate oral.
“Todas estas vicisitudes adversas no pueden dejar de ponderarse, porque es la víctima la que pone el cuerpo y el alma al relatar una y otra vez sus padecimientos”, señala la sentencia, que también resalta que las consecuencias en su salud mental fueron acreditadas en el juicio y constituyen un claro reflejo del trauma sufrido.
Frente a esta cadena de actos coherentes en el tiempo –desde el 14 de marzo de 2021 hasta la audiencia de debate del 13 de abril de 2026–, los jueces calificaron como “ingenua” e “irrespetuosa” la versión defensiva de que la denuncia habría sido una reacción de la mujer porque el imputado se habría negado a ayudarla económicamente con sus estudios, supuestamente planteado por ella esa misma madrugada después del encuentro sexual.

Perspectiva de género

El fallo del Superior Tribunal también marca un fuerte posicionamiento en materia de perspectiva de género y en el tratamiento de la vida privada de las víctimas de violencia sexual. Critica abiertamente la estrategia del defensor de Sanabria, que intentó introducir la conducta sexual previa o los antecedentes personales de la mujer como argumentos
para restar credibilidad a su testimonio.
“La normativa internacional y los principios rectores de la perspectiva de género prohíben de manera categórica que los antecedentes personales o la conducta sexual previa de la víctima sean valorados con el fin de mermar la veracidad de su testimonio”, advierte la resolución judicial.
En este sentido, el Tribunal remarca que la búsqueda de la verdad real debe fundarse en las pruebas recolectadas y no en prejuicios discriminatorios, y recuerda que esos elementos resultan “impertinentes, irrelevantes y ajenos” al hecho investigado.
En esta misma línea de razonamiento, señala la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido expresamento que los patrones socioculturales discriminatorios pueden conducir a la descalificación de la credibilidad de las víctimas de violencia de género, culpabilizándolas por los hechos en función de su forma de vestir, su ocupación laboral, su vida sexual o su vínculo con el agresor.
El fallo cita los precedentes “Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala” y “González y otras (Campo Algodonero) vs. México”, donde se establece que las pruebas referidas a antecedentes sexuales de la víctima son, en principio, inadmisibles y que abrir líneas de investigación sobre su comportamiento social o sexual previo no es más que una manifestación de estereotipos de género, incompatibles con las obligaciones internacionales de los Estados.
Con base en todo el material probatorio y en la perspectiva jurídica adoptada, el Superior Tribunal de Justicia de Formosa concluyo que no existió consentimiento libre, inequívoco y voluntario de la mujer para mantener relaciones sexuales con Derlis Hernán Sanabria en la madrugada del 14 de marzo de 2021; que el acusado se aprovechó de la confianza derivada del parentesco, de la relación de vecindad y de amistad, de su condición de funcionario policial y de la situación de aislamiento del destacamento para imponer el acto sexual y que el abuso fue cometido mediando fuerza física y violencia, extremo acreditado por la lesión constatada, el relato de la víctima, las pericias psicológicas y el resto de las pruebas del expediente.
En consecuencia, el Tribunal de Casación confirmó íntegramente la sentencia condenatoria dictada por la Cámara Primera en lo Criminal, manteniendo la pena de siete años y medio de prisión para Sanabria como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal.
Más allá del caso concreto, el fallo consolida el estándar de que sin consentimiento no hay relación sexual válida, sino agresión; reafirma que la vida privada y la historia sexual de la víctima no pueden ser utilizadas para erosionar su credibilidad y exige a los operadores judiciales incorporar de manera efectiva la perspectiva de género en la valoración de la prueba y en la interpretación del Derecho.
La sentencia de Casación tiene los votos coincidentes de los jueces Ariel Gustavo Coll, Marcos Bruno Quinteros y Guillermo Horacio Alucin y de la jueza Claudia María Fernández.

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